Problemas: Teoría de la Justicia

a) Muchos de los inversores han recibido una injusta compensación por la inversión de su dinero.

Uno de los problemas que presenta este esquema relacionado a la teoría de la justicia es el hecho de que los dueños de este negocio ponen en riesgo el ámbito económico de las personas que participan en ella. Un caso en particular es el de los últimos inversionistas, quienes al decidir invertir su dinero, esperan, al igual que los inversionistas que inician el negocio, recibir el mismo capital más un monto de rentabilidad ofrecida (rendimiento de la inversión llamado intereses). Sin embargo, según el esquema Ponzi se considera de manera implícita que los primeros inversionistas no llegarían verse perjudicados como los últimos que deciden invertir su dinero. Claro está que el término “primeros inversionistas” no considera a los inversionistas iniciales que deciden “volver a repetir el plato” por haber ya obtenido las ganancias prometidas. En este caso, aquellos re-inversores pasarían de ser los “primeros” a ser los “últimos o nuevos inversionistas” y, muy posiblemente, se unirán a la lista de “víctimas de este tipo de negocios”.

Entonces, podemos llegar a la conclusión que son los primeros inversionistas los que llegan a beneficiarse, absolutamente con este negocio, puesto que, gracias a la colocación del dinero de los últimos inversores, éstos llegan a obtener con una parte del dinero de ellos, lo que el negocio les promete, y en cuanto a la otra parte del dinero, éste pasa a los dueños de este negocio como una posible utilidad, la cual más adelante, llega a perjudicar a los clientes por no tener una “fondo económico”.

Por lo tanto, resulta injusto que, al no existir nuevos clientes que decidan poner su dinero en el “negocio”, los últimos inversionistas que se adhirieron a el no reciban una justa compensación por la inversión que realizaron de su dinero. Entonces, en este problema se estaría violando el derecho de la propiedad del dinero; así como, el derecho a la justicia, pero más específicamente el derecho a un proceso justo. Por el contrario, este negocio es injusto con los inversionistas, pero más aún con los “últimos inversionistas”.

Por todo lo mencionado, es necesario que los accionistas de las empresas y los gestores recapaciten los derechos contra los cuales estarían atentando si deciden iniciar negocios de tipo Ponzi. Asimismo, los potenciales inversores se deben dar cuenta de la estafa que trae consigo este negocio y decidirse a no participar, pues no se sabe cuando serán considerados “primeros inversores”, quienes reciben una compensación parcial o total, o “últimos o nuevos inversionistas”, quienes en la mayoría de veces pierden la totalidad de su dinero.


b) El gobierno no ha actuado con justicia ante las demandas de la comunidad por los problemas de estafa del esquema Ponzi.

En casos de estafa como el que se presenta, se puede ver hasta que nivel el Estado puede intervenir para regular estos tipos de “negocios” y proteger así a los ciudadanos de toda una nación.

Según la teoría de la justicia, las personas tienen el derecho a reclamar para que sus intereses puedan ser protegidos por la misma sociedad o por el Estado. Y es que, por más que se sueñe con la idea de “justicia”, siempre existirá inequidad en la sociedad para tratarse los derechos de los ciudadanos. Es por ello que como ciudadanos debemos asegurarnos que el Estado realice su labor.

Por lo tanto, podemos mencionar que, respecto al caso del esquema Ponzi, es deber del Estado tomar medidas preventivas para que no se vean perjudicados los intereses y beneficios prometidos de todos inversionistas que deciden depositar su dinero con una promesa de rentabilidad. Como ya se mencionó anteriormente, los primeros inversores, quienes suelen ser los más influyentes, tienen mayor posibilidad de recuperar su dinero; por lo tanto, la ayuda del Estado no sería tan sustentable; mientras que los últimos inversores, quienes son los de menor influencia, tienen mayor posibilidad de recibir un trato injusto y perder su dinero. Ante ello, es necesario que las inequidades sociales sean ordenadas de modo que las personas que tienen menos ventaja de beneficiarse (parte más débil) sean las que tengan el respaldo del Estado.

Finalmente, el problema al que se enfrenta el Estado es el enfrentarse al “velo de la ignorancia” que traería dificultades de identificar la parte más afectada de los actos fraudulentos de un esquema Ponzi, pues, como sabemos, por el “velo de la ignorancia” no se sabe en qué parte de la sociedad se encuentra uno o a cuál perteneces. Para el caso que describimos en el presente punto, es difícil que el Estado, al brindar oportunidades para crear una sociedad más justa, sepa quienes son los más débiles (últimos inversionistas que se unen al “negocio”) y los que, a la larga, no llegan a perjudicarse (primeros inversionistas en entrar al “negocio”), creándose así el problema de que no puedan ayudar fácilmente a la parte más débil.

Frente a ello, una posible solución podría ser que las entidades reguladoras de cada país implanten controles más estrictos a las empresas inscritas en el sistema. Mientras que para aquellas que no estén inscritas en el sistema y por lo tanto no tengan la autorización de operar en el mercado, se deba hacer seguimientos continuos para detectarlas e intervenir en sus operaciones de forma preventiva. De esta manera, las entidades reguladoras estarían optando una postura proactiva que podría disminuir las estafas cometidas a muchas empresas.

Redactado por Katherine Alanya