Recomendaciones para la ciudadanía corporativa

Cuando las empresas ponen en práctica políticas que puedan atentar contra los intereses de los ciudadanos, lo mas lógico sería que el término “ciudadanía corporativa” se vea aplicado para poder salvaguardar los beneficios e intereses de las personas. De por sí, ciudadanía corporativa, significa que las empresas del mercado buscan tener una acogida dentro de la sociedad en la cual se encuentran. Es decir, lograr tener un vínculo entre el estado y la sociedad en el cual pueda ser partícipe.

En el caso del Esquema Ponzi, el término de ciudadanía corporativa está bien identificado cuando las organizaciones realizan sus operaciones de trabajo bajo el supuesto de que, en realidad, quieren ayudar y beneficiar a sus inversionistas con futuras ganancias que puedan esperar durante un lapso de tiempo. Para ello, estas empresas deberían dejar de aplicar el esquema Ponzi o modificar la modalidad de funcionamiento, pues si el objetivo es ganar dinero, los gestores deberían hacer verdaderas inversiones con el dinero de sus clientes y así retribuir a sus clientes y accionistas. Ello haría de este negocio atractivo, rentable y sostenido, pues estaría acorde con la ética de los negocios. Además, ahora sí la empresa podría practicar la ciudadanía corporativa al tratar de ocupar legítimamente un lugar en la sociedad al cumplir con sus deberes y respetar los derechos de todos los miembros de la comunidad por igual.

Antes de poder determinar algunas recomendaciones para la ciudadanía corporativa, se explicará brevemente las distintas perspectivas que se puede tener con respecto a este término y como actúa esta ciudadanía en la tradición liberal.

Perspectivas de la ciudadanía corporativa:

- Perspectiva limitada: Se da cuando las organizaciones desean dar algo a cambio a las personas de una sociedad después de haber recibido beneficios económicos. Por ejemplo, como lo las empresas que practicarían el esquema piramidal y realizaran donaciones económicas en lugares necesitados.

- Perspectiva equivalente: Se da cuando las organizaciones tienen que responder a los intereses de los constituyentes. Por ejemplo, cuando dichas empresas ejecutaran proyectos para el bien de la sociedad en la que ejercen.

- Perspectiva extendida de ciudadanía corporativa: Se da cuando las organizaciones se hacen cargo de un rol político para un buen gobierno comunitario. Por ejemplo, cuando dichas empresas apoyan en las elecciones presidenciales o regionales que se realizan en el país.

La ciudadanía en la tradición liberal:

La ciudadanía en la tradición liberal es el conjunto de derechos individuales que son asegurados y protegidos por una comunidad.

a) Derechos sociales: Son los derechos que obligan a terceras partes a participar en la sociedad. Entre ellos tenemos el derecho a tener un seguro de salud para los empleados de una empresa o el derecho de ayudarlos a terminar el colegio o la universidad a través de programas de ayuda que no sean necesariamente de índole económica.

b) Derechos civiles: Son los derechos que protege a las personas en contra la interferencia de terceros. Entre ellos tenemos el derecho a la seguridad que deben de compartir la empresa y la sociedad. Asimismo, sido conveniente que las empresas que utilizan el Esquema Ponzi en sus negocios desarrollen una perspectiva equivalente en cuanto al desarrollo de su ciudadanía corporativa, ya que mantener una orientación empresarial enfocada hacia el desarrollo social incrementa la capacidad de una organización para atender los problemas de la comunidad en la cual se desarrolla.

c) Derechos políticos: Son los derechos que asegura la participación de las personas en los procesos políticos, los cuales son envueltos lejos de la privacidad. Entre ellos tenemos el derecho a votar en las elecciones presidenciales ya que a través de ello las personas emiten su opinión.

Las organizaciones deben asumir un rol social dentro de las comunidades en las que desarrollan sus operaciones y deben mantener un enfoque empresarial que promueva el respeto de los deberes y derechos de los miembros de la sociedad. Sin embargo, para empresas como las que utilizan un esquema antiguo pero “rentable” como el planteado por Carlos Ponzi, es muy difícil que en el momento de efectuar sus operaciones tengan en cuenta los derechos y deberes de sus ciudadanos. Por lo tanto, estas empresas deben abstenerse de aplicar este tipo de negocios e incursionar en otros tipos de negocio o realizar drásticos cambios en su utilización, es decir, pueden seguir utilizando el esquema piramidal pero realizando inversiones verdaderas que generen ganancias para todos los contribuyentes. Para ello, se pueden plantear algunas recomendaciones para que las organizaciones que actúen bajo este esquema, puedan rescatar los derechos que al parecer están dejando de lado con el tiempo. Las recomendaciones son las siguientes:

· Derechos sociales:

1) Uno de los derechos sociales que estas organizaciones deben tener es la preocupación de implementar un programa enfocado hacia los empleados de la organización. Los incrementos salariales no son la única manera de poder ayudar a las personas que trabajan dentro de una empresa, sino, también existen programas de educación para que puedan terminar sus estudios superiores, programas de salud, capacitación, o, simplemente, ayudarlos a tener una vida decente a través de la construcción de viviendas.

Entonces, se recomienda que el dinero de los accionistas que se gana a través de esta empresa, se enfoque en ayudar a los empleados de su organización para que, con ello, exista una mejor relación entre empleado y empleador.

2) Además, otro derecho social que deberían involucrar, en este tipo de negocio, es el de contar con proyectos de mejora, los cuales cambien la dirección de las actividades que los trabajadores realizan. Los accionistas deben de tomar conciencia para que reflexionen sobre las consecuencias de las operaciones que este tipo de negocio generan a futuro. Entonces, se recomienda que los empleados de estas empresas enfoquen sus habilidades, junto con los gerentes en proyectos, para que tengan inversiones reales que generen rentabilidad y beneficios de una manera legal.

· Derecho civil:

3) Las organizaciones y los ciudadanos deben ponerse de acuerdo en cuanto a la formulación de una política empresarial que lleve a las empresas a cumplir con la protección de los derechos civiles de sus clientes, grupos de interés en general y los intereses de toda la comunidad.

Asimismo, para que los clientes no tomen represalias con los administradores de estas organizaciones se recomienda que existan instituciones más fuertes como los centros de conciliación para que ambas partes estén asegurados. De esta manera, ninguna persona atentará contra la propiedad privada de la otra, ya que existirán estas instituciones que ayudarán a regular los problemas que pueda existir en el camino y evitar tal vez los juicios u otros daños más graves.

· Derechos políticos:

4) Lo más aconsejable para estas empresas es que trabajen conjuntamente con las leyes del gobierno que vigilan la intervención de este tipo de empresas. Es decir, las empresas en el momento de efectuar sus operaciones, van a saber respetar los derechos de propiedad ajena (en cuanto al dinero), para que estas leyes salven los intereses de las personas y, más adelante, las empresas no tengan problemas con sus clientes. Para ello, se necesita la ayuda del gobierno del país dentro de la cual se encuentre la empresa para que se formulen leyes que respeten los ciudadanos y su sociedad.

5) Actualmente, no existen leyes estandarizadas que protejan los beneficios de las personas; sin embargo, las organizaciones reguladoras deberían tener un consenso a nivel mundial para que las leyes se asemejen al de todos los países.

Por otro lado, una recomendación general para los inversionistas, es que deben dejar su papel de “incautos y víctimas” deben tomar un rol activo al informarse en que empresas están invirtiendo su dinero y si es que ya lo saben informar a los demás. De esta manera, se podría evitar estafas que no solo afectan al individuo, sino a comunidades y hasta países, como es el ejemplo de Colombia que ha sido expuesto anteriormente.

Finalmente, frente a inescrupulosas empresas que a pesar de las experiencias pasadas aún siguen queriendo aplicar este tipo de esquemas, los gobiernos y entes internacionales, también deben tomar un rol activo. Si bien tras las estafas anteriores en diversas partes del mundo, los gobiernos han tratado de cubrir los vacios legales que hicieron posible estos hechos fraudulentos. Esto no es lo suficiente, pues muchas empresas a pesar de que existan leyes las siguen infringiendo; por ello, deberían realizar más supervisiones e intervenciones. Además, deberían de impulsar que sea obligatorio presentar varios tipos de herramientas gerenciales de la ética para los negocios, seguir las guías como el GRI e impulsar que las empresas realicen su auditoria social.


Redactado por Katherine Alanya